La Asociación de Derecho Sanitario apoya las reivindicaciones de la Medicina Pública en la Comunidad Valenciana

Carlos Fornes, Presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, ha apoyado las reivindicaciones por las que el sindicato médico de la Comunitat (CESM CV), ha convocado tres días de huelga (6 de marzo, 3 de abril y 8 de mayo) para mostrar las carencias de los profesionales del sector público de la Medicina en la Comunitat.

Fornes ha recordado que la Sanidad Pública, por su naturaleza de servicio público, universal y gratuito, es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y el sector más importante de la Administración y, sin embargo, ha sido la gran olvidada por parte de la Generalitat Valenciana en los últimos años.

Los profesionales de la Medicina Pública en la Comunidad, según la ADSCV, “llevan una década de promesas incumplidas respecto a mejoras salariales, ratios de pacientes, refuerzos de plantilla o guardias localizadas, y en el caso de la Atención Primaria la situación ha llegado a ser alarmante por la prestación de servicios extraordinarios derivados de la pandemia que, por responsabilidad personal y profesional, todo el personal sanitario ha asumido en los últimos años sin que, hasta la fecha, hayan sido reconocidos por la conselleria de Sanidad”.

Además, el Presidente de la ADSCV cree que la situación de los profesionales de la Sanidad Pública en la Comunitat es insostenible, “como la de los profesionales de la Farmacia, la Enfermería y el colectivo de Auxiliares de la Sanidad y, por justicia debería tenerse en cuenta en la próxima legislatura en la Comunidad Valenciana y en toda España”.

Fornes cree que “es lógico que se comparen las protestas del colectivo en la Comunitat con las de Madrid porque la situación es insostenible en ambas comunidades; lo único extraño es que aquí no se hayan sumado a las protestas los sindicatos UGT y CCOO”.

El presidente de la ADSCV cree que no es justo que la Sanidad se convierta en un arma arrojadiza y que, dependiendo del color político de la administración, se utilice de forma selectiva por unos u otros colectivos o sindicatos.